La Cámara de Diputados aprobó una serie de leyes para intentar mejorar el combate contra la corrupción, visto como uno de los principales males del país, un avance sin precedentes que fue opacado por ajustes de última hora que para algunos limitarán su efectividad.

Previamente avaladas por el Senado, el pleno de la Cámara de Diputados dio el visto bueno el jueves 16 de junio por la noche a las leyes que conforman un nuevo sistema anticorrupción y entre otros asuntos tipifica los delitos relacionados con este problema, crea y fortalece instituciones para combatirlo, y establece mecanismos de observación ciudadana.

Pese a esos logros, algunos puntos fueron modificados a última hora, en particular uno que buscaba obligar a los funcionarios a hacer públicas sus declaraciones patrimoniales, de intereses y sus comprobantes fiscales.

Con los ajustes, la apertura de esos datos quedará sujeta a discreción de un comité que lo permitirá sólo si eso no afecta su vida privada o los datos personales protegidos por la Constitución, lo cual para expertos es un candado al que muchos funcionarios, sino es que todos, recurrirán.

Además, los legisladores incluyeron que cualquier ciudadano o empresa que reciba recursos del Estado estarán obligados a presentar también las tres declaraciones, algo visto como una «venganza» contra empresarios, académicos y ciudadanos que promovieron la iniciativa de rendición de cuentas del patrimonio y conflicto de interés de los funcionarios, conocida popularmente como «3 de 3».

La iniciativa obtuvo el apoyo de más de medio millón de firmas y algunos de sus impulsores coincidieron en que los legisladores modificaron con «mezquindad» un par de artículos que ensombrecen todo el paquete.

Por ello pidieron al presidente Enrique Peña Nieto que promulgue la ley, pero vete las partes cuestionadas para que se enmienden.

Juan Pardinas, director del Instituto Mexicano para la Competitividad y uno de los impulsores de la iniciativa, subrayó que lo que se atisbaba como una solución se transformó en «un acto de revancha y mezquindad», en un «retroceso en la confianza hacia los políticos» y un «obstáculo para la competitividad» de México.

«La redacción es tan absurda que si Microsoft le vende software a una dependencia del estado mexicano, Bill Gates tendría que presentar su 3 de 3». Y 30 millones de mexicanos podrían verse en una situación similar, añadió.

La Patronal Mexicana, que por primera vez protagonizó una protesta el jueves en pleno centro de México, criticó en una nota de prensa que los políticos exijan «a los trabajadores y a las empresas de este país que hagan lo que ellos no están dispuestos a hacer con sus representados» y pidieron un sistema anticorrupción «completo, con dientes, que realmente castigue y erradique a la corrupción, que transparente el manejo de los recursos públicos».

Los académicos culpan de los cambios al oficialista Partido Revolucionario Institucional (PRI) y su socio el Partido Verde pero también al resto de grupos que cooperaron en un «pacto de impunidad» realizado con «cinismo», explicó Gerardo Rodríguez, de la Universidad de las Américas de Puebla.

En cualquier caso, Rodríguez indicó que la efectividad de todo el sistema dependerá de que pueda garantizarse la independencia de quienes integren las nuevas instituciones que ahora se pondrán en marcha, como la fiscalía o el tribunal anticorrupción.

Marco Fernández, profesor de la universidad privada Tecnológico de Monterrey e investigador asociado de la asociación México Evalúa, criticó que la clase política parezca «servirse del poder público» para conseguir inmunidad y consideró muy improbable que Peña Nieto llegue a vetar las leyes que ha avalado su partido, el PRI, porque este grupo tradicionalmente sólo actúa después de haber consultado con el mandatario en turno.

Una vez consumados los cambios criticados por los analistas, Enrique Peña Nieto escribió en su cuenta de Twitter que «estas leyes permitirán un cambio de paradigma en favor de la integridad en el servicio público».