El subsecretario de Gobernación, Roberto Campa, afirma que México vivió una crisis de violencia que alcanzó su punto más alto entre 2011 y 2012 con homicidios y desapariciones de personas y que la situación ha cambiado, pero el caso Ayotzinapa hizo que todos los desaparecidos de esa época «se hicieran presentes» para este gobierno y «nos cargó todo el tema».

Asegura que el compromiso de esta administración es legítimo con los derechos humanos y no hay resistencias a aceptar, cuando hay violaciones de las autoridades, y señala que la investigación sobre la desaparición de los 43 estudiantes normalistas tiene nuevas líneas para mejorar a la anterior, en el que la presión, más que el tiempo para cerrar el caso, es que se haga justicia y se conozca la verdad de lo ocurrido.

En entrevista con MILENIO, el funcionario que desde mayo se ocupa de los temas de derechos humanos en el país acepta que, como lo han dicho diversas instancias, México enfrenta cinco retos fundamentales: la desaparición de personas, la tortura, el uso legítimo de la fuerza, la protección a los defensores de derechos humanos y periodistas y también el caso de los migrantes que transitan por el país hacia Estados Unidos.

—¿Dice que las desapariciones vienen de la administración pasada?

—Sí, me parece que hay no solamente en el diagnóstico gubernamental, sino también la visión que tienen los defensores de derechos humanos, tuve la oportunidad, por ejemplo, de acompañar la reunión privada de la hermana Consuelo —que recibió el premio de derechos humanos— con el Presidente de la República y conversaron durante 40 minutos.

«Y el diagnóstico que planteó la hermana Consuelo es claramente uno en el que las condiciones de violencia más duras de Nuevo León, que es donde ella trabaja, se dieron entre 2011 y 2012.

«Hay, en consecuencia, una gran cantidad de asuntos de desaparecidos que vienen de esa época, pero que de cualquier manera siguen siendo desaparecidos, cuyos familiares siguen reclamando por la atención del gobierno.

Entonces hay coincidencia en el diagnóstico sobre que el momento más duro de la crisis de violencia fue también el momento de las desapariciones. La hermana Consuelo y la gente de CadHac (la organización que ella encabeza) ha echado a andar en coordinación con el gobierno del estado, con la procuraduría, un esquema como el que se está proponiendo en la ley, uno de búsqueda y registro que ha sido bastante exitoso, porque de las personas que han estado en el registro en algún momento como no localizadas, prácticamente se ha encontrado a 90 por ciento y, de estos, casi 90 por ciento los han encontrado con vida.

«Entonces sirve también para refrendar lo que hemos venido diciendo que se trata de un registro que se refiere no solamente desaparecidos sino a personas no localizadas, que la mayor parte aparecen con vida, pero sí está muy claro que los momentos más duros fueron los momentos de mayor crisis: 2011-2012.

—¿El caso Ayotzinapa hace pensar que esto está peor que antes?

—El caso Ayotzinapa, como hemos dicho, nos cargó todo el tema de los desaparecidos, todos se hicieron presentes y ha implicado un reto particular y especialísimo para este gobierno.

—¿Por qué es importante que no se repitan las desapariciones y se haga justicia? ¿Qué le puede pasar al país si nos quedamos en estas condiciones?

—Es que el tema de los desaparecidos, no solamente en México, sino a escala internacional, la información, la literatura, los análisis internacionales, coinciden por eso en la gravedad que tiene el delito de desaparición; bajo determinadas modalidades puede ser incluso un delito de lesa humanidad, porque el daño de los desaparecidos no se reduce solamente a la víctima y a su círculo más cercano, sino las consecuencias de las desapariciones inciden en toda la sociedad y en el caso de Ayotzinapa en el país en su conjunto. Así además es como fue ideado. Se reconoce internacionalmente que una explosión de desapariciones se dio durante la Alemania nazi y lo que los nazis pretendían era acabar con poblaciones, pero sobre todo minar el espíritu y el ánimo de estas colectividades; entonces se trata de un delito que tiene consecuencias que trascienden a la familia y su círculo más cercano y que afectan a la sociedad, por eso se requiere un esfuerzo para comprender, en primer lugar, la naturaleza de este delito y hacer el mayor esfuerzo para atender a las víctimas indirectas: a los familiares de los desaparecidos.

—¿Tiene prisa este gobierno para cerrar capítulos como este?

—Me parece que lo que tenemos que reconocer es que en algún momento hubo una enorme presión hacia las autoridades para ofrecer resultados en torno a la investigación de Ayotzinapa y creo que todos fuimos testigos de esta exigencia de los medios de comunicación, de la sociedad, de las instancias internacionales, para que el gobierno de México pudiera dar resultados en torno a la situación de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa.

«Me parece que eso le metió una enorme presión a la investigación y hoy en otras condiciones, con apoyo además de instancias internacionales, se está trabajando sobre esa investigación y con nuevas líneas de investigación para mejorar, para perfeccionar la investigación . Es una tarea que además el gobierno asume y lo está haciendo hoy de la mano con las instancias internas, básicamente con la CNDH, y con las internacionales, básicamente con el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes.

«Pero me parece que hay sobre todo conciencia de que al final de lo que se trata es de garantizar que seamos capaces de tener la verdad, de saber cuál fue la verdad y que se haga justicia y que todos los involucrados sean procesados en términos de la ley. Hoy hay casi 120 personas en esas condiciones y me parece que más que una presión vinculada con el tiempo hay una con la necesidad de conocer la verdad y de que se haga justicia.

—¿Tiene alguna resistencia todavía el gobierno de aceptar violaciones, responsabilidades en general?

—Yo creo que lo que las distintas instancias involucradas con estos temas han dicho que hay plena y absoluta disposición para aceptar y me parece que hemos visto en los últimos meses testimonios claros de esta disposición.

—¿Cómo ve el final del sexenio en materia de derechos humanos?

—Se lo preguntó la hermana Consuelo al Presidente en privado y él hizo pública su respuesta y, en consecuencia, su gobierno tiene una enorme compromiso con el tema de los derechos humanos. Me parece que hay conciencia plena de que es un tema muy importante en nuestro país y en esta administración, y de que hay que dar los pasos que sean necesarios para garantizar que prácticas que han sido históricamente aceptadas en nuestro país dejen de serlo.

—¿Puede ser un legado para el próximo gobierno, que no le pase a la próxima generación?

—Bueno, yo creo que se está trabajando para eso, baste decir que la violencia, medida en términos de homicidios, tiene una reducción prácticamente de la tercera parte, que se dice fácil, pero que ha significado un enorme esfuerzo de coordinación y de articulación de inteligencia. Se han detenido en la enorme mayoría de los casos sin violencia algunos de los principales responsables de la violencia en nuestro país y me parece que esto deja claro que el esfuerzo que se está haciendo ha rendido frutos importantes.