El gobierno federal aceptó abrir las puertas de los cuarteles militares de Guerrero para que los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa comprueben que sus hijos no fueron detenidos por el Ejército mexicano y muchos menos se encuentran detenidos en las instalaciones castrenses como afirman.

La Procuraduría General de la República informó que esto obedece a la petición que realizaron los familiares de los estudiantes normalistas para asistir a los cuarteles del Ejército.

La dependencia federal recordó que éstos mismos están abiertos a todos los ciudadanos y que el ingreso «se tendrá que hacer de manera ordenada y con respeto a nuestras instituciones», señaló la dependencia.

Funcionarios federales informaron que la fecha de entrada a los cuarteles se definirá en los próximos días.

En conferencia de prensa, el director de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR, Tomás Zerón de Lucio, afirmó que no existen elementos y mucho menos alguna declaración que señale al Ejército o alguna corporación de seguridad del gobierno federal haber participado en la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.

«De ninguna declaración que se ha obtenido en la procuraduría se desprende que elementos del Ejército o algún cuerpo de seguridad del gobierno federal haya tenido participación alguna en la desaparición de los estudiantes», dijo Zerón de Lucio.

Consignan a Abarca por el secuestro de los 43 normalistas

La Procuraduría General de la República obtuvo una orden de aprehensión contra José Luis Abarca, ex alcalde de Iguala, por el secuestro de los 43 normalistas de Ayotzinapa ocurrido el 26 de septiembre.

Tomás Zerón de Lucio indicó que también se obtuvo una nueva orden de aprehensión contra María de los Ángeles Pineda, esposa de Abarca, por el delito de delincuencia organizada, la cual fue cumplimentada en reclusión.

«Se obtuvo una orden de aprehensión en contra de 45 personas, destacando entre ellas José Luis Abarca Velázquez, por el secuestro de los estudiantes normalistas», dijo en la conferencia de prensa.

El director de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR informó que se cumplimentó una orden de aprehensión contra cinco policías municipales de Iguala por el delito de desaparición forzada, pero no contra los estudiantes, sino por el secuestro y la muerte de diversas personas que aparecieron en fosas clandestinas en esa localidad.

Además, señaló, que a los últimos 10 policías de Iguala consignados les fue dictado el auto de formal prisión por su participación en estos hechos.

El funcionario dijo que hasta el momento 97 personas han sido detenidas por los hechos ocurridos en Iguala.