Tras cumplirse cuatro años de la desaparición del ingeniero en sistemas, Alejandro Alfonso Moreno Baca, sobre la autopista Monterrey-Nuevo Laredo, la averiguación previa por esta denuncia ha sumado 47 tomos; mientras su familia en estos mil 450 días se ha entrevistado para exponer su caso con los dos presidentes de la República en turno, con más de seis procuradores federales y estatales, con dos secretarios de Gobernación, con una primera dama y hasta con senadores de Estados Unidos, en el Congreso de Washington.

Sin embargo, de todas las miles de hojas impresas por el Ministerio Público y de todas sus reuniones con grandes personalidades políticas nada ha surgido para poder responder qué sucedió con Alejandro.

“Nos ha recibido gente de primer nivel, pero no ha servido para que la autoridad nos diga quién se llevó y dónde está mi hijo, a pesar de que les hemos dicho que queremos saber la verdad y que ellos nos han prometido que lo van a buscar”, afirmó Alfonso Moreno, su padre.

Tampoco serviría para encontrar a Alejandro en estos 48 meses, la recompensa de un millón y medio de pesos que autorizó la PGR en noviembre de 2013 para quien proporcionara información sobre los secuestradores del ingeniero y otro millón y medio a la persona que diera datos sobre su paradero, llamando al teléfono 01 800 83 13 196.

“De esas recompensas, lo único que obtuvimos fueron llamadas de extorsión”, confesó doña Lucía Baca, madre de Alejandro.

Alejandro Moreno Baca es una de las 23 mil 271 personas desaparecidas o extraviadas en México, registradas por la Unidad Especializada de Búsqueda de la Procuraduría General de la República (PGR).

Esta historia de búsqueda implacable y dolor para los padres de Alejandro comenzó el 27 de enero de 2011, cuando su hijo Alejandro salió por la madrugada del Distrito Federal rumbo a Laredo, Texas, ciudad de Estados Unidos donde pasaría sus vacaciones y nunca llegó. La última vez que Lucía y Alfonso lo vieron fue al echar las maletas a la cajuela de su carro, un Mazda rojo 2007, con placas 197 VTC.

Catorce horas después de partir de casa, a las 20:55 horas, la videocámara de la caseta de Sabinas Hidalgo, en Nuevo León, registró el pago de Alejandro, y a los minutos siguientes el joven ingeniero de 31 años utilizaría su aplicación de Facebook en el teléfono celular para marcar las coordenadas de su localización en la autopista número 2 (en su tramo Sabinas Hidalgo-Nueva Ciudad Guerrero), en la intersección con la Intermunicipal número 21 (Vallecillo, San Carlos, Palo Alto).

“Estoy segura que envió sus coordenadas cuando vio algún retén o sintió peligro”, dijo Lucía.

La única información que las autoridades ofrecerían a la familia Moreno Baca a mil 450 días de la desaparición de Alejandro es que precisamente las coordenadas registradas por el ingeniero en sus redes sociales era una zona dominada por Los Zetas, donde operaba el criminal Marco Garza de León Quiroga, ‘El Chabelo’, quien además durante varios meses condujo el Mazda rojo de Alejandro.

Aunque el mismo año de la desaparición de Alejandro los soldados del Ejército detendrían a ‘El Chabelo’ las noticias seguirían sin llegar.

También la familia Moreno Baca se enteraría que a escasos 10 kilómetros del área registrada por su hijo existía un ejido llamado Las Carboneras, utilizado por criminales para desaparecer a sus víctimas, a través de tambos y ácido o quemados con diesel, modus operandi que supuestamente emplearon otros asesinos —pero en Guerrero y casi cuatro años más tarde— contra normalistas de Ayotzinapa, de acuerdo con la versión oficial de la PGR.

“El 9 de mayo de 2013, le preguntamos a Porfirio Díaz (Torres), director de Servicios Periciales de la Procuraduría de Justicia de Nuevo León, que cuántos fragmentos de restos humanos habían salido después de escanear el ejido de Las Carboneras, y nos dijo que 10 mil”, comentó Alfonso Moreno.

En cuanto la familia Moreno Baca se enteró que cerca de la zona en la que desapareció su hijo había más de 10 mil fragmentos de restos humanos calcinados, acudió a las autoridades de Nuevo León para someterse por segunda vez a una prueba de ADN, y así entre el material genético recién descubierto tener otro elemento más para buscar a Alejandro.

La primera vez que los padres del ingeniero se harían una prueba de sangre sería tras los hallazgos de fosas clandestinas en San Fernando en 2011, de las cuales exhumaron 193 cuerpos. En ese mismo poblado un año antes encontraron cuerpos de 72 migrantes supuestamente asesinados a manos del grupo criminal.

A pesar de que los Moreno Baca viajan constantemente a Nuevo León y a su llegada se entrevistan siempre con el director de Servicios Periciales para preguntar cómo va el análisis de los miles de fragmentos de restos humanos, las autoridades se quedan calladas.

“A nosotros nos genera una esperanza ir a Monterrey, a la oficina de Porfirio Díaz a preguntar sobre las investigaciones de los restos humanos, pero su respuesta siempre es negativa”, confesó Alfonso Moreno.

La presidenta de Ciencia Forense Ciudadana, Julia Alonso, acusó ante Excélsior a las autoridades de Nuevo León por haber hecho desde un principio un mal procedimiento en la exhumación y recolección de los restos.

“Sabemos por los mismos peritos y policías que trabajaron ahí en el ejido de Nuevo León, que recogieron los miles de fragmentos en bolsas de plástico como si fuera basura”, afirmó.

Mientras se van sumando hojas a la averiguación previa de la desaparición de Alejandro Moreno Baca y sus padres van tocando puerta tras puerta tratando de encontrar a un político o a alguna autoridad que por fin esclarezca el caso, la habitación del ingeniero sigue intacta en espera de su regreso.

En el clóset está su ropa, en las repisas de madera continúan las cajas con piezas para armar aviones que siguen selladas. En su librero están guardadas películas de series de ánime japonés, que nunca abrió después de comprar cuando visitó ese país asiático y que permanecen aún envueltas en papel celofán.

Por cada día que las autoridades siguen sin responder qué pasó con Alejandro, sus padres cuidan celosamente que la luz de una veladora blanca, en su casa, no se extinga y sea quien alumbre el camino de su hijo de regreso a casa.

“Nosotros dejamos de comprar veladoras sueltas, así que cada mes y medio vamos a una tienda por una caja con 40”, dijo doña Lucía.

En esta dolorosa espera, junto a las veladoras siempre prendidas se han ido sumando vírgenes milagrosas, dijes y oraciones que otras personas solidarias con esta pérdida se las han regalado a los Moreno Baca con el propósito de que fortalezcan su esperanza.

Frente a la indolencia por parte de las autoridades ha sido fundamental para mantenerse fuertes, el acompañamiento que los Moreno Baca han tenido de otros padres de desaparecidos, de familiares, amigos y en especial del abogado Francisco Moreno, que lidia con todos los Ministerios Públicos involucrados en el caso y de la sicóloga Atala Chávez.

“Mi labor en esa búsqueda de Alejandro es que sus padres además de su hijo no sigan perdiendo más. Los aliento para que no pierdan la esperanza, que sigan teniendo fuerza para pedir justicia y que no pierdan la vida en medio de este dolor, porque muchos padres en la lucha por encontrar a sus hijos han terminado muertos”, explicó la sicóloga, quien ha trabajado con familiares del Movimiento de Paz Justicia y Dignidad, creado por el poeta Javier Sicilia.

Por eso, todos los días doña Lucía Baca, además de implorar a Dios para que le permita encontrar a su hijo, le suplica que la mantenga sana y con vida para poder buscarlo, porque asegura que si no lo hacen sus padres nadie más lo hará.

“Yo no puedo matar a mi hijo, mientras no me demuestren lo contrario. Y sigue tan vivo para nosotros a cuatro años de su desaparición, que aquí en su casa, todo continúa intacto”, aseguró doña Lucía.