EEUU acaba de poner a 200.000 salvadoreños en riesgo de deportación

09 Ene 2018

"Después de considerar cuidadosamente la información de una amplia variedad de fuentes, la secretaria Kirsten M. Nielsen decidió poner fin al TPS para El Salvador. Determinó retrasar el fin por 18 meses. El TPS terminará el 9 de septiembre de 2019"

Un año y medio. Ese es el tiempo límite que poseen alrededor de 200.000 migrantes salvadoreños residentes en EEUU si quieren evitar la deportación. Como ya hizo con Haití y Nicaragua, el Gobierno estadounidense ha anunciado este lunes el fin del Estatus de Protección Temporal (TPS por sus siglas en inglés).

El TPS se creó en 1990 y se trata de un programa que concede visados temporales y permisos de trabajo a ciudadanos de países afectados por catástrofes naturales o conflictos armados que no pueden volver a su país por el riesgo que allí corren. Antes de la llegada de Donald Trump al poder, 12 países se beneficiaban de este tipo de acuerdos.

Desde que el republicano es presidente, han perdido este estatus 60.000 ciudadanos haitianos, 5.000 nicaragüenses y aproximadamente mil personas de Sudán. Y ahora le ha tocado el turno a los salvadoreños, residentes en el país desde hace casi dos décadas.

“Después de considerar cuidadosamente la información de una amplia variedad de fuentes, la secretaria Kirsten M. Nielsen decidió poner fin al TPS para El Salvador. Determinó retrasar el fin por 18 meses. El TPS terminará el 9 de septiembre de 2019”

En el caso de El Salvador, el Departamento de Seguridad Interior argumentó que “las condiciones originales causadas por los terremotos de 2001 ya no existen”. “Muchos proyectos de reconstrucción han sido terminados. Las escuelas y hospitales dañados por los terremotos han sido reconstruidos y reparados, las casas han sido reconstruidas, y se ha proporcionado dinero para agua y saneamiento y para reparar carreteras y otras infraestructuras dañadas por el terremoto”, agrega el mensaje.

El TPS se inició para El Salvador en 2001, año en el que dos devastadores terremotos destruyeron el país. Muchos de los miles de salvadoreños que emigraron tienen hijos nacidos en EEUU que sí que cuentan con la nacionalidad y la mayoría de ellos, el 88%, trabajan legalmente en el país. A partir de la suspensión del TPS, los ciudadanos salvadoreños tienen hasta el 9 de septiembre de 2019 para abandonar el país o conseguir un permiso de residencia legal que les permita quedarse en el país. Si no lo logran se les considerará migrantes ilegales y podrían ser deportados.

Las reacciones a este nuevo golpe de la Administración Trump contra los migrantes no han tardado en llegar. Organizaciones de derechos civiles han mostrado su repulsa y el Gobierno de El Salvador ha asegurado que negociará con EEUU para lograr que el Congreso apruebe la protección permanente para los salvadoreños.

“Lo primero que les quiero decir a nuestros compatriotas es que deben mantener la calma. Tenemos 18 meses más, a partir de marzo de este año hasta septiembre de 2019”, ha asegurado en una rueda de prensa el ministro de Exteriores salvadoreño, Hugo Martínez.

El Congreso de EEUU es la única esperanza con la que cuentan los salvadoreños. Como ya ocurrió con el programa DACA, la administración Trump ha dejado en manos del Congreso la posibilidad de llegar a un acuerdo que evite las deportaciones. “Solo el Congreso puede legislar una solución permanente que aborde la ausencia de un estatus legal migratorio duradero a aquellos protegidos actualmente por el TPS. Los 18 meses de retraso de la terminación dan tiempo al Congreso para redactar una potencial solución legislativa”, explicó Kirsten M. Nielsen.

Políticos como la senadora demócrata Elizabeth Warren han pedido al Congreso que apruebe el SECURE ACT, un proyecto de ley encaminado a proporcionar residencia a los beneficiarios del TPS. “Muchos salvadoreños, haitianos y nicaragüenses han vivido, trabajado y pagado impuestos en EE.UU. por décadas. Esta es su casa. Debemos salvar TPS”, incidió vía Twitter.

El SECURE ACT fue introducido en el Congreso a mediados de noviembre por el senador Chris Van Hollen y actualmente se está estudiando en el Comité de Asuntos Judiciales del Senado. El Congreso tiene 18 meses más para aprobar esta ley que salvaría de la deportación a miles de personas.

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Fuente: PlayGround

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