El gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, acudió de manera voluntaria a la Procuraduría General de la República para deslindarse de cualquier vínculo en el caso del presunto lavado de dinero de 100 millones de pesos que implica al Partido del Trabajo.

Autoridades ministeriales dijeron que El Bronco no ha sido llamado a declarar y que se presentó en la delegación estatal sin que mediara citatorio u oficio, por lo que este acto no tuvo carácter oficial.

El sábado pasado, fiscales de la PGR anunciaron que abrieron una investigación por la transferencia que hizo el gobierno neolonés a la cuenta particular de la esposa del líder nacional del PT, Alberto Anaya.

En entrevista radiofónica, Rodríguez Calderón confirmó que se reunió acudió con el delegado estatal de la procuraduría para ofrecerle cualquier información que apoye la indagatoria, de la que dijo es totalmente ajeno.

«Yo no conozco la investigación ni hemos sido llamados a participar (en la indagatoria); por años el gobierno federal ha realizado transferencias al PT para los Centros de Desarrollo Infantil (Cendis), son recursos federales que llegan al gobierno del estado.

«Nosotros firmamos una anuencia con Hacienda, la negociación la hacen los partidos o los municipios, se depositan los recursos al estado y este los transfiere a donde la federación dice que lo deben transferir», agregó.

Sin embargo, el gobernador sostuvo que son falsas las declaraciones que se han hecho respecto a que el estado de Nuevo León no abrió cuentas para depositar ese dinero a los Cendis.

«Eso no es cierto, desde 2010 existe un convenio, nosotros somos el conducto, la manguerita para que llegue el dinero, no sabemos si malversaron esos recursos en el PT o los canalizaron a otro lado, eso lo está investigando la PGR».

Rodríguez Calderón afirmó que no tiene nada que temer, «se lo he dicho al delegado de la PGR en este caso de los Cendis y en el de una de mis propiedades».

Comentó que en caso de los Cendis «estamos abiertos a que la PGR investigue y que se clarifique eso, nosotros no tenemos ninguna mala administración en ese sentido».

El 30 de octubre, durante una audiencia de más de 10 horas en la que el juez de control Gerardo Moreno vinculó a proceso a Héctor Quiroz, líder del PT en Aguascalientes, y reveló que giró órdenes de aprehensión contra Guadalupe Rodríguez Martínez, esposa de Anaya, además de María Mayra Paredes Díaz y María Cristina Martínez.

El juzgador expuso que «eventualmente» hay responsabilidad penal de funcionarios de la administración de Nuevo León por autorizar que se realizara este envío de recursos públicos a una particular.

Esto a pesar de que existen dos cuentas a nombre de la asociación civil Frente Popular Tierra y Libertad, que administraba a nombre del PT María Guadalupe, para obtener recursos federales.