Agentes del Ministerio Público de Tamaulipas asignados  a la Base de Operaciones Mixtas (BOM), deberán permanecer encuartelados por seguridad a su integridad y solo saldrán de la zona federal si son requeridos, esto por gestión del delegado Guadalupe Salinas Hernández.

Los representantes de la sociedad de la Procuraduría General del Estado cumplen por obligaciones de tarea en turnos integrarse al operativo mixto, conocido por la comunidad como “la mixta”, así lo dicta el protocolo de Estrategia de Seguridad de la Secretaría de Gobernación.

Sin embargo, los fiscales del estado están certificados más no entrenados, adiestrados y autorizados para portar un arma de fuego y el Gobierno del Estado no proporciona esquipo balístico como cascos y chalecos.

Como tampoco está previsto en el reglamento interno su participación directa en confrontaciones armadas, pero si su presencia al diligenciar levantamiento de cadáveres,inspección ocular de inmuebles, objetos y vehículos en el perímetro en un escenario de combate cerrado o urbano, en auxilio mediático de la autoridad federal.

El riesgo inminente de que estos funcionarios estén en medio o en trinchera durante un enfrentamiento sin saber “qué hacer” desarmados y sin accesorios tácticos de protección corporal, Salinas Hernández delegado del Segundo Distrito Ministerial zona norte, gestionó con el mando superior encargado del “BOM” sitio en zona militar o de la armada.

El agente del Ministerio Público en turno para colaborar con la federación en alguna eventualidad de este orden; habrá de presentarse en el cuartel de la Sedena o campamento de la Marina previa indicación y por 12 horas permanecerá ahí.

Y a menos de ser convocada su fe pública para dar valor a la cadena de custodia a evidencias, cuerpos, vehículos, inmuebles y otras circunstancias derivadas del operativo; saldrán escoltados por la institución demandante.

En cuanto a los peritos de la Unidad Regional de Servicios Periciales sus turnos se cumplen rutinariamente en sus oficinas en tanto no sean requeridos por el Ministerio Público asignado a “la mixta”.

La gestión del delegado principalmente garantiza la seguridad de sus subalternos y además reduce los gastos de combustible y alimentos que les genera, suministros solventados por ellos mismos, ya que, el Gobierno de Tamaulipas no tiene una partida económica para ello, simplemente por no estar contemplado de la operatividad obligada de la Procuraduría General de Justicia y que la legislación local no contempla a petición del ejecutivo del Estado ese gasto.