El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó por unanimidad la emisión de normas reglamentarias para garantizar la imparcialidad en el uso de recursos públicos durante el proceso electoral en marcha, a las que se sujetarán los servidores públicos.

En sesión ordinaria, el consejero presidente, Lorenzo Córdova Vianello, llamó a los servidores públicos a abstenerse de realizar actos que pudieran interpretarse como violaciones al principio de imparcialidad como condicionar programas, servicios o bienes públicos a cambio de cualquier tipo de manifestación de apoyo político-electoral.

Además, resaltó que podrían convertirse en violaciones al principio de imparcialidad: la asistencia a mítines, marchas o eventos públicos para difundir o promover el voto a favor de algún candidato, coalición o partido.

Durante la sesión en la que únicamente estuvieron presentes los representantes del PRI, PVEM y Nueva Alianza, Córdova Vianello aclaró que «los precandidatos y candidatos deben abstenerse de asistir desde las precampañas y hasta la conclusión de la jornada electoral a eventos oficiales de gobierno».

Detalló que las violaciones que involucren a la Industria de la Radio y Televisión se tratarán como procedimientos sancionadores tal y como lo establece la legislación electoral.

Reconoció que la prohibición constitucional para que se difundan informes de labores ha sido utilizada de manera indiscriminada, debido a la falta de la legislación reglamentaria del Artículo 134 constitucional, por lo que llamó al Congreso de la Unión a subsanar esa deficiencia.

El consejero presidente indicó que la ausencia de una reglamentación «siempre tendrá un resquicio para la violación al principio de imparcialidad».

Expuso que la sensibilidad que tiene la sociedad mexicana y los partidos políticos en particular sobre el abuso de los recursos públicos con fines electorales no es gratuita, pues se remonta a los excesos de las autoridades que en tiempos del autoritarismo y el efecto nocivo que generaba en las contiendas.

El consejero electoral, Ciro Murayama, expresó que el proyecto aprobado este miércoles está dirigido a todos los gobiernos surgidos de las distintas fuerzas políticas que han ganado elecciones, dado que su intromisión en los procesos electorales es ilegal.

De tal suerte, incluye al presidente de la República, los gobernadores de los estados, el jefe de Gobierno del Distrito Federal, los presidentes municipales, los jefes delegacionales del Distrito Federal y los servidores públicos en general.

Murayama Rendón indicó que son contrarios a la Constitución y al principio de imparcialidad, condicionar la entrega de recursos de programas públicos y la emisión del voto a favor de cualquier fuerza, condicionar o no entregar servicios públicos a la población a cambio de apoyo electoral.

Comentó que el proyecto aprobado se inscribe en la idea de proteger las condiciones de legalidad y equidad de la contienda electoral.

El secretario general del INE, Edmundo Jacobo Molina, informó que los representantes de los Partidos de la Revolución Democrática (PRD) y Morena ante el INE enviaron por escrito sus respectivas propuestas al proyecto.

El proyecto de acuerdo para evitar el uso de programas sociales con fines electorales fue retirado de la orden del día de la sesión del miércoles 18 de febrero, lo que motivó que además de esos dos partidos, también abandonara la mesa Encuentro Social.

Ese día se retiraron también del Consejo General los partidos Humanista, del Trabajo (PT), Acción Nacional (PAN) y Movimiento Ciudadano.