La diputación priista no descarta la realización de un periodo extraordinario en el Congreso de la Unión después del 15 de diciembre, con el objetivo de impulsar la aprobación del paquete de iniciativas que envíe en breve el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, “por un México en paz con justicia y desarrollo”.
El coordinador parlamentario del PRI, Manlio Fabio Beltrones, señaló que el decálogo puntualizado por el titular del Ejecutivo federal es una propuesta para solucionar en forma integral los desafíos del país en la construcción de un pleno Estado de Derecho y para atender el clamor ciudadano de justicia, con tres ejes conceptuales y propuestas concretas en materia de seguridad y justicia, combate a la corrupción y la impunidad, y el fomento de un desarrollo incluyente en el sur del país.
Los legisladores del PRI habrán de analizar y enriquecer con responsabilidad la reforma constitucional que facultará al Congreso a abordar la ley contra la infiltración del crimen organizado en las autoridades municipales, la cual cubrirá un vacío al establecer mecanismos ágiles que permitan la intervención plenamente justificada de la Federación en el control de servicios municipales o, inclusive, para disolver un ayuntamiento que pueda estar en manos del crimen organizado, como ocurrió en Iguala”, sostuvo.
Beltrones Rivera demandó a los legisladores estar atentos a la iniciativa que el Ejecutivo enviará al Congreso de la Unión para redefinir el sistema de competencias en materia penal, considerando las fortalezas institucionales de los distintos órdenes de gobierno en el combate al delito.
“Este es un paso clave en la creación de policías estatales profesionales, honestas y eficientes que estén verdaderamente al servicio de la sociedad, el cual se complementa con la agenda de reformas para asegurar el acceso a la justicia cotidiana”, apuntó.
Dijo que con estas iniciativas de ley se fortalecerán las políticas públicas y las decisiones anunciadas por el presidente, entre ellas el número nacional único 911 de auxilio a la ciudadanía, la cédula única de identidad y diversos instrumentos para la mejor protección de los derechos humanos, así como el despliegue de las fuerzas de seguridad en las zonas que así lo requieran.