Por disposición de un juez, los 11 detenidos durante las marchas del pasado 20 de noviembre fueron liberados este sábado, informaron sus abogados.

Los defensores de los inculpados señalaron que éstos ya se encuentran fuera de los penales de máxima seguridad: los ocho hombres permanecían en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 5, en Villa Aldama, Veracruz, y las tres mujeres en el Cefereso 4, en Tepic, Nayarit.

La presidenta de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD), Karla Micheel Salas, afirmó que “el juez ordenó su libertad por falta de elementos para procesarlos, pues los que dio la Procuraduría General de la República no fueron suficientes”.

“Las organizaciones que trabajamos en la defensa de los acusados, entre ellas la Oficina de Defensa de los Derechos de la Infancia y el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, hemos coincidido en que después de esta resolución importante, deben renunciar el procurador Jesús Murillo Karam y el secretario de Seguridad Pública capitalino, Jesús Rodríguez Almeida”, subrayó.

A su vez, el juzgado 17 de distrito en materia penal con sede en Xalapa informó que dictó auto de libertad a las 11 personas que habían sido consignadas por la PGR, como responsables de los delitos de motín, homicidio en grado de tentativa y asociación delictuosa, luego de que elementos de la policía federal los detuvieran por su presunta responsabilidad en actos vandálicos el pasado 20 de noviembre en el Zócalo capitalino.

Roberto César Jasso del Ángel, Ramón Domínguez Patlán, Hugo Bautista Hernández, Atzin Andrade González, Juan Daniel López Ávila, Laurence Maxwell Ilabaca (originario de Chile), Luis Carlos Ricardo Moreno, Francisco García Martínez, Hillary Analí González Olguín, Lilian o Liliana Garduño Ortega y Tania Ivonne Damián Rojas fueron capturados en inmediaciones del Zócalo capitalino en diversas circunstancias, ya que algunos habían asistido a la manifestación pacifica en apoyo de los padres de los 43 estudiantes de la escuela Normal Rural de Ayotzinapa que están desaparecidos desde el pasado 26 de septiembre, y en otros casos andaban en bicicleta o regresaban de la escuela a sus casas.

Los testimonios en que se basó el Ministerio Público Federal adscrito a la Unidad especializada en Investigación de Terrorismo fueron los de cinco agentes de la Policía Federal, los cuales señalaron que los detenidos intentaron privar de la vida al policía segundo Jorge Antonio Juárez Mauro; sin embargo, ninguno de los uniformados pudo acreditar las lesiones de su compañero ni tampoco se precisó qué hicieron cada uno de los inculpados.

Integrantes del CJF señalaron que el juzgado 278 ya notificó a todos los inculpados.

Las fuentes consultadas refirieron que el caso no debió llegar a tribunales porque el Misterio Público nunca tuvo elementos para consignarlos.