Los enfrentamientos entre policías federales y estudiantes de la normal de Ayotzinapa, familiares de los normalistas desaparecidos e integrantes de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG), ocurrida durante la madrugada y la mañana de ayer, no son hechos aislados, sino que se enmarcan en una estrategia gubernamental de propiciar una salida violenta a la crisis generada por la desaparición de los 43 normalistas, señaló el abogado Vidulfo Rosales, del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.

“Lo de ayer no es aislado, lo de ayer no es un incidente menor. Se enmarca en un proceso y en una estrategia gubernamental de prevenir o de generar las condiciones para una salida violenta, una salida represiva a lo que hoy se ha convertido ya en una crisis política y social para el gobierno federal”, dijo Rosales, quien acompaña a los padres de los estudiantes desaparecidos desde el pasado 26 de septiembre.

El abogado refirió como primer evidencia de esa estrategia las detenciones y traslados a prisiones federales de manifestantes tras las protestas en la Ciudad de México. A ello, dijo, siguió el fichaje de agrupaciones y activistas que se han solidarizado con la causa de los normalistas, a quienes ligan con grupos considerados subversivos.

El pasado 8 de diciembre, Reporte Índigo publicó que el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) tenía fichado al abogado Rosales, a quien, según el medio, se le considera “radical”  y con “vínculos con la subversión”.

Lo siguiente fueron las declaraciones de mandos militares de que había grupos que buscaban manipular a los padres de los normalistas desaparecidos. La última evidencia de esa estrategia, a decir del abogado, es el “manejo sesgado de la información” sobre la refriega de ayer, que dejó 14 civiles y siete policías federales lesionados.