El gobierno mexicano está empeñado en negar la realidad que vive México y que rodea a un crimen de Estado, de lesa humanidad: la desaparición forzada de 43 jóvenes estudiantes de la Escuela Rural Raúl Isidro Burgos, concluyen activistas a 7 meses del caso Iguala, en Guerrero.

Se trata de un gobierno insensible al dolor de los padres de los normalistas y, a la exigencia de la sociedad mexicana que clama justicia dijo José Manuel Olivares Hernández, secretario técnico de la Red Guerrerense de Organizaciones de Derechos humanos.

El activista que encabeza una red de cinco organizaciones guerrerenses –donde se incluye el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, cuyos abogados representan a los familiares de los estudiantes– expuso que si bien el caso de los 43 visibilizó la crisis de derechos humanos que vive en el país, no se ha logrado aún que se reclasifique el caso como desaparición forzada.

Los elementos de la policía municipal de Iguala que están consignados, son juzgados por secuestro y no por un delito de lesa humanidad. Es decir, sin reconocer esa culpabilidad del Estado que los padres alegan desde un principio.

“El problema es nacional. El caso de los 43 puso al descubierto al narco gobierno. No sólo esperamos cambios en Guerrero, al final y al cabo son más de 30 mil desaparecidos en el país, pero no hay voluntad política ni sensibilidad de planear cambios. Es un desplante de fuerza ante la desaparición forzada, donde pretenden seguir negando una realidad que es inocultable”, subrayó Olivares Hernández.

Para Andrés González Parral, tío de Dorian y Abel González Parral desaparecidos en Iguala, los padres de los normalistas siguen con el mismo dolor que los embarga desde hace siete meses.

También están llenos de esperanza de encontrarlos, pues la tesis de la Procuraduría General de la República (PGR) que indica que fueron cremados en el basurero de Cocula y arrojados en cenizas al río San Juan, no los convence.