Esta entidad tiene un transporte público de pasajeros inseguro, con 4 mil unidades inservibles, contaminantes, deficientes, con rutas mal trazadas, lo cual eleva los gastos públicos de salud, disminuye la productividad de trabajadores y estudiantes, trastorna el tránsito en las zonas urbanas y ocasiona un impacto ambiental.

La Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (Encig) que considera al transporte público de pasajeros como un servicio público responsabilidad del poder ejecutivo municipal o estatal, el cual se concesiona a particulares, pero el responsable de la calidad del servicios es el poder ejecutivo estatal o municipal.

En Tamaulipas hay seis mil camionetas, microbuses y autobuses que prestan el servicio público urbano de pasajeros y la antigüedad promedio de los vehículos es de 18 años, según se desprende de datos y encuestas del Instituto Nacional de Geografía y Estadística.

Fue hace 11 años la última vez que se revisaron las concesiones, con un añadido en 2008 y desde entonces son los mismos permisionarios quienes continúan dando el servicio en rutas trazadas para procurar sus utilidades no la eficacia para el usuario, en unidades en mal estado que se utilizan en promedio 25 años y más de un millón de kilómetros, lo que significa que cada unidad genera varias veces su costo antes de ser dada de baja.

Hasta la fecha los planes gubernamentales para dotar a las ciudades con transporte eficiente, unidades nuevas en buen estado, rutas diseñadas según las necesidades reales de transporte, se han convertido en shows mediáticos que a la larga solamente sirven para justificar aumentos en el precio el pasaje.

La encuesta Encig anota que de los servicios públicos calificados por los tamaulipecos, entre los reprobados, solamente la calidad de potabilización del agua con 1.5, recibe una calificación inferior a la transporte público calificada con 2.5 de 10 puntos posibles.

La última vez que se autorizó un alza, de ocho a nueve pesos, en octubre de 2015, fue a consecuencia de que los permisionarios comenzaron a cobrar la nueva tarifa en forma unilateral y el entonces Secretario de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, reconoce el aumento y asegura en el decreto que se realizó un estudio de costos, el cual, si se realizó, nunca se hizo público.

La explicación para la nueva tarifa de 9.00 pesos y 6.00 para estudiantes y adultos mayores, fue el presunto impacto de los combustibles y lubricantes, y por tercera vez desde 2011 la autoridad se comprometía que habría una modernización de las unidades chatarra.

Desde 1997 existe un “Reglamento que Establece los Procedimientos y Criterios para la Fijación, Revisión y Modificación de las Tarifas de Transporte Público de Pasajeros en el Estado de Tamaulipas”,  que no ha sido reformado ni abrogado, ni tampoco con sus lineamientos ni con la fórmula que estipula para al modificar las tarifas de transporte.

Los incrementos anteriores en 2013 y 2008, se realizaban conforme a los decretos, sobre la obligación de que los permisionarios invirtieran en equipo nuevo, capacitación de los choferes y estudio de nuevas rutas, lo cual nunca fue cumplido, pese a las amenazas en los medios de comunicación que hizo la Subsecretaría de Transporte, de quitarles la concesión si no cumplían.

En enero de 2013 el aumento de 25 por ciento se disfrazó con una presunta “Homologación” a ocho pesos la tarifa en toda la entidad, la Subsecretaría de Transporte aseguró que los concesionarios tenían un año para cumplir con el programa de modernización, plazo que luego les fue ampliado hasta el 31 de diciembre de 2015.

Tampoco se han cumplido requisitos como analizar los antecedentes penales de los chóferes, realizar exámenes toxicológicos periódicos y darles capacitación y menos el Artículo 39 de la Ley de Transporte del Estado que señala que: “La concesión que se expida por primera vez, para el  servicio de transporte público de pasajeros, en la modalidad de ruta con capacidad de más de diez pasajeros, el titular de la misma podrá presentar unidades
para su registro, cuya antigüedad no exceda de cinco años”.

Tampoco se cumple el Artículo 92: “La antigüedad máxima autorizada para los vehículos que se destinen a la prestación del servicio de transporte de pasajeros se regirá por los parámetros siguientes: I.-Libre, seis años;  II.-De sitio, ocho años; y  III.-De ruta: urbana, suburbana y rural, 10 años”.

De hecho en 2013 se establece un plazo de tres años a partir de la entrada en vigor de este Decreto para que cambiar el 100 por ciento del parque vehicular y los amenazan pero el Gobierno no cumple: “Transcurrido el plazo que se establece en el presente artículo, a los prestatarios del servicio público de transporte que no hayan cumplido con la renovación vehicular prevista por la Ley de Transporte del Estado de Tamaulipas, sin mayor trámite se les cancelará la concesión otorgada”,  dice el Cuarto transitorio.

Pese a que los términos de la Concesión para prestar el servicio los obliga a registrar el vehículo, les impide alquilar placas, tiene un máximo de vigencia de cinco años para el  caso de personas físicas y de 12 años para las personas físicas o morales que desempeñen su actividad dentro del sistema empresarial, y está sujeta a revisiones anuales, todos estas obligaciones están rebasadas por los concesionarios.

En 2014 la Subsecretaría de Transporte de Tamaulipas aseguró que ya había más de dos mil unidades nuevas en la prestación del servicio de transporte urbano de pasajeros, pero estas unidades se utilizaban para el transporte de empleados y como parte de la flotilla de concesiones a dos empresas con concesiones posteriores a 2008.

En Tamaulipas hay más de seis mil microbuses y autobuses y microbuses de pasajeros, que prestan servicio en rutas que diseñaron los mismos permisionarios hace más de 20 años, y las cuales han ido adaptando según crecen las ciudades y el estado de las calles.

De las seis mil unidades de transporte se estima que sólo mil están en condiciones medianas, menos cuatro mil no tienen las condiciones para prestar el servicio y más de un millar se encuentran en estado deplorable, son peligrosos y tienen 30 o más años prestando el servicio.

La autoridad reguladora no solamente fue omisa al obligar al transporte a cumplir con los compromisos de modernización sino que tampoco cumplió con el Código de Desarrollo sustentable que exige que: Los propietarios de vehículos destinados al transporte público en el Estado adoptar las medidas necesarias, para controlar y reducir las emisiones vehiculares de contaminantes a la atmósfera, de conformidad con la normatividad aplicable.

Según datos del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI) al menos 10 millones de los 16.5 millones de toneladas métricas equivalentes a dióxido de carbón que se emiten al ambiente anualmente en la entidad, provienen del transporte en general y en especial, de los vehículos importados y del transporte público.

Aunque la autoridad tiene facultades para verificar las emisiones del transporte “con el objeto de comprobar el cumplimiento de las disposiciones legales”, en cuanto a emisiones de dióxido de carbono y otros contaminantes, no lo han hecho.

Tamaulipas tiene uno de los peores servicios de transporte del país, con unidades que no ofrecen garantía de seguridad al usuario, y la mayor parte de los concesionarios, especialmente las personas morales, no cumplen con el deber de tener seguros vigentes que protejan a los pasajeros y sirvan para indemnizar dalos en propiedad ajena.

“XIII.- A los concesionarios de servicio público de transporte que no porten en sus unidades la póliza de seguro vigente, para indemnizar los daños y perjuicios que con motivo de la prestación del servicio se causen a los usuarios, peatones o terceros se les sancionará, con multa de sesenta a ochenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización tratándose de servicio de pasajeros y de cuarenta a sesenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización en el caso de servicio de carga”, dice el artículo 119 de la Ley de Transporte.

Estas concesiones vencieron en 2005 y para que pudieran haberse prorrogado, además de presentar la solicitud, los concesionados debieron  haber cumplido a satisfacción de la Secretaría con todas y cada una de las condiciones “requisitos establecidos en las concesiones, en la ley y en las demás disposiciones jurídicas y administrativas aplicables”.