Claudia Medina Tamariz, una de las 19 mujeres sobrevivientes de tortura sexual y que impulsa la campaña “Rompiendo el silencio”, seguirá sujeto a juicio por delincuencia organizada, portación de granada y operación con recursos de procedencia ilícita, entre otros delitos, luego de que la juez Tercero de Distrito con sede en Boca del Río, Veracruz, Cándida Ojeda Hernández, negó concederle la libertad por desvanecimiento de datos, pese a que la defensa aportó pruebas de que fue torturada por elementos de la Marina para autoinculparse.

Medina Tamariz fue detenida en 2012 en Veracruz por marinos que irrumpieron violentamente en su vivienda. Antes de ponerla a disposición de las autoridades ministeriales, la mujer fue torturada física, sexual y psicológicamente para que se declarara culpable de los delitos que ahora se le imputan. Incluso, la presentaron a la prensa como integrante del Cártel de Jalisco Nueva Generación.

Aunque actualmente se encuentra en libertad condicional, el pasado jueves 24 la juez Ojeda Hernández notificó a Claudia Medina su decisión de negarle la libertad por desvanecimiento de datos, tras solicitar que “se declarara inválida la única prueba que sostiene el proceso en su contra: el dicho de elementos de la Secretaría de Marina Armada de México (Semar), es decir, de quienes la torturaron”, informó el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) en un comunicado.

De acuerdo con la organización, que representa a Medina Tamariz, la juez del Poder Judicial Federal consideró que es “suficiente el dicho de los elementos de la Semar”, para procesarla por delitos de delincuencia organizada con distintas modalidades, portación de granada, operación con recursos de procedencia ilícita, entre otros.

El Centro Prodh lamentó que la juez de la causa haya desestimado los resultados de estudios periciales que confirman los señalamientos de Claudia sobre los abusos a los que fue sometida.

La juez, dijo, “omitió valorar las documentales ofrecidas, consistentes en dos dictámenes médico-psicológicos realizados con base a los lineamientos del Protocolo de Estambul”, realizado por peritos independientes y por especialistas de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

Tras apuntar que la juzgadora tampoco se pronunció por la tortura denunciada por Claudia y sus consecuencias, el Centro Prodh anunció que en los próximos días apelarán la decisión de la jueza Ojeda, con la expectativa de que en el Poder Judicial de la Federación en Veracruz, “se pronuncie por la tortura” de la que es sobreviviente.

La organización resaltó que hasta ahora la CNDH no ha emitido recomendación por el caso, que fue denunciado desde hace dos años en tanto que “la Procuraduría General de la República (PGR) ha obstaculizado las investigaciones sobre la tortura”.

La denuncia interpuesta por Claudia a través de sus representantes legales se refieren al allanamiento de su domicilio por parte de marinos así como el sometimiento a 36 horas de tortura física, sexual y psicológica, “incluidas amenazas hacia su familia, descargas eléctricas, asfixia y vejaciones sexuales”.

En mayo de 2014 Claudia se integró a la campaña “Rompiendo el Silencio, Todas contra la tortura sexual” impulsada por once mujeres abusadas por policías federales y del Estado de México en Atenco, en mayo de 2006; las indígenas Valentina Rosendo e Inés Fernández, abusadas sexualmente por militares en 2002 en Guerrero.

En la campaña participan también Yecenia Armenta Graciano, abusada por policías ministeriales de Sinaloa en 2012, acusada de homicidio y actualmente en prisión; Belinda Garza Melo, detenida hace siete años en Torreón, Coahuila, por elementos de la Policía Federal que torturaron sexualmente y la acusaron de delincuencia organizada; Miriam Isaura López Vargas, torturada en instalaciones militares en Tijuana, Baja California, en febrero de 2011, para acusarla de delitos contra la salud, y Verónica Razo Casales, detenida en junio de 2011 por policías federales, torturada sexualmente para luego ser acusada de secuestro.